CONSULTA PRELEGISLATIVA SE ADOPTA POR PRIMERA VEZ EN ECUADOR

 

Zamora Chinchipe se convierte en la primera provincia en el país en adoptar los procedimientos de Consulta Prelegislativa que la Constitución exige desde su aprobación en el año 2008.

Zamora.- En lo que constituye un hecho histórico para el país, referente a derechos de pueblos y nacionalidades, el pasado 13 de diciembre de 2017 el Consejo del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe aprobó en segundo y definitivo debate la Ordenanza que regula el procedimiento de Consulta Prelegislativa sobre las Afectaciones a los Derechos Colectivos en la provincia.

Así, Zamora Chinchipe se convierte en la primera provincia en el Ecuador en haber elevado a política pública la consulta prelegislativa, la cual está establecida en el Artículo 57 numeral 17 de  la Constitución; pero que, desde el 2008 en que se aprobó la misma, no ha tenido la debida reglamentación para su aplicación en territorio.

Con la aprobación de este instrumento legal, el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe cuenta ya con un procedimiento de consulta prelegislativa sobre las afectaciones a los derechos colectivos y se aplicará en todo el territorio de la provincia donde se asienten comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas titulares de derechos colectivos.

Es decir, antes de la aprobación de cualquier norma legislativa que pudiese afectar sus derechos colectivos, deberá realizarse un proceso de Consulta, mediante la cual tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre temas específicos, incluidas las medidas legislativas.

De acuerdo con la Ordenanza, la consulta prelegislativa se desarrollará en cuatro fases:

Fase de preparación en la que luego de puesto en conocimiento del consejo en pleno un proyecto de ordenanza y previo su análisis y aprobación en primer y segundo debate, se presentará un informe sobre los temas específicos y sustantivos a ser sometidos a consulta así como un listado de los sujetos titulares de derechos colectivos. A la vez, se elaborarán los formularios que se utilizarán en el proceso.

Fase de convocatoria pública en la que se informará del tratamiento de la medida legislativa, y convocará al proceso de Consulta Prelegislativa.

Fase de información  y ejecución, durante la cual los sujetos a ser consultados podrán inscribirse para este proceso. Para ello deberán presentar la documentación que justifique las raíces ancestrales de la Comunidad, Pueblo o Centro y la designación de sus representantes. En esta fase se espera que las comunidades luego de sus procesos internos de discusión, análisis y deliberación hagan llegar las actas de las reuniones o Asambleas comunitarias realizadas, en las cuales se reflejen los acuerdos, acompañado del listado de participantes en las mismas.

Finalmente está la fase de análisis de resultados y cierre de la consulta prelegislativa, en la cual se realizará el procesamiento de resultados y la socialización de los resultados obtenidos, identificando los consensos y disensos a ser propuestos como aporte y recomendaciones, mismos que constarán en un acta suscrita por los participantes y que posteriormente podrán ser incorporados en el articulado del instrumento normativo.

Es necesario aclarar que las consultas prelegislativas que se realicen en cumplimiento a la normativa aprobada, no se equiparan a la consulta previa, libre e informada, ni a la consulta ambiental; y que se refiere a aspectos que pudiesen afectar de manera objetiva derechos colectivos.

Para el Prefecto Salvador Quishpe Lozano, es de suma importancia  trabajar con este tipo de ordenanzas porque salvaguarda los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, dijo que de esta forma se está cumpliendo con lo que estipula la Constitución del Ecuador y la Organización Internacional del Trabajo, OIT; esto además de reivindicar uno de los postulados de la lucha del movimiento indígena en el país y Latinoamérica, a saber, el derecho a ser consultados.

  • Cabe indicar que esta nueva norma provincial, se hace eco del literal a) numeral 1 del Art. 6 del Convenio 169 de la OIT, que habla “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, aquí señala que se debe consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

María Molina

Comunicación Social del GPZCH

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